Según la sentencia, en febrero de 2009 la madre, Graciela C. M., presentó en el Ayuntamiento de Laredo un escrito en el que decía que el entrenador "promueve e incita a las jugadoras a mantener una conducta de constante provocación y crispación (...)", y también le acusaban de sustraer material deportivo. Esta nota la divulgó, además, por correo electrónico entre los padres de todas las niñas del equipo. Luego, el padre, Ricardo R. C., previo encuentro entre los equipos infantiles de Laredo y Corrales, intervino en un programa de Radio Buelna y dijo que este mismo entrenador "insulta a las niñas, las ofrece dos tortas, hurta material de otros campos, manipula, amenaza...". La acción de ambos progenitores llegó a su máximo a finales de ese mismo mes, cuando pegaron más de 40 carteles por Laredo 'en los que desprestigiaba a la persona y carrera que como entrenador viene ejerciendo el querellante', dice la sentencia.
El perjudicado dijo que estos hechos le causaron una «afección a nivel personal». Los acusados fueron condenados por un delito de injurias a pagar una multa de 1.440 cada uno y a indemnizar al injuriado con 1.000 euros por daños morales.
Recurrieron la sentencia y todo se desestimó, ya que hubo un testigo que los vio pegando los carteles. Además, en la sentencia se expresa que quedan al margen de la libertad de expresión "los contenidos injuriosos o vejatorios".
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